Francisco Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), ha declarado, durante el transcurso de la Asamblea de la Asociación de Fabricantes de Materiales Aislantes (Andimat), que “si no generamos un modelo a medio-largo plazo que no sea estrictamente dependiente de una inyección de capital fracasaremos. Acabarán los fondos europeos -6.829 millones de euros están destinados a la renovación energética de edificios- y dejaremos de rehabilitar. Es el momento y la oportunidad para revitalizar el parque edificado. Y lo tenemos que saber trasladar a la sociedad y al sector”.
España ha sido el país en tener las mejores valoraciones en la Estrategia de Rehabilitación a Largo Plazo entre los estados miembros, pero el reto de su última actualización en 2019 está en ejecutarla.
En opinión de Martín, “no solo tenemos la oportunidad, sino también la obligación de implementar todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance porque no nos podemos permitir no gastar los fondos de recuperación de transformación y resiliencia, que tienen su mayor componente en la rehabilitación energética, y de la que el gobierno confía en que sea uno de los principales tractores de la economía”.
A la necesidad de un cambio de paradigma, ahora se une la complejidad de la gestión de un importante volumen de fondos que se tendrán que consumir en muy pocos años. “No podemos arriesgar la ejecución de los casi 7.000 millones de euros a un único modelo, sino que tenemos que habilitar diferentes formas de conseguir el mismo objetivo: llegar a una escala de rehabilitación residencial”, ha reconocido Martín.
Según el experto, “lo primero que se ha planteado el Ministerio es la necesidad de establecer medidas fiscales; hacer depender la gestión de estos fondos y el éxito de la rehabilitación energética solamente a medidas de ayuda o a otras complementarias, de financiación, por ejemplo, podría producir un atasco burocrático”.
Para conseguirlo, establecerá una desgravación que, en el tramo más ambicioso, en el de la rehabilitación, supondrá hasta el 60% de la actuación con unos límites máximos por vivienda que permitan alcanzar, al menos, un 30% de los ahorros en consumo de energía primaria no renovable que exige la Comisión Europea.
Este ministerio también incentivará con estos fondos la creación de oficinas de rehabilitación, que no solo informen a los ciudadanos y pongan en relación a los diferentes agentes del sector, sino que se conviertan en ventanillas únicas de tramitación de expedientes.
“Cada comunidad autónoma podrá gestionar los fondos que permitan financiar los servicios que ofrezcan estas oficinas y, por tanto, faciliten la gestión de las ayudas y la comprensión del modelo completo”, ha manifestado el director general de Vivienda y Suelo.
En paralelo a estas oficinas, el gobierno también subvencionará al 100% un documento técnico previo que permita a la comunidad de propietarios visualizar cuál es el potencial de mejora que tiene su edificio ejecutando unas determinadas actuaciones de rehabilitación.
“No solo se pretende hacer una foto del edificio y documentarlo en sus circunstancias reales, sino sobre todo concretar el tipo de actuaciones que serían óptimas para su mejora, determinar un avance de coste e incluso las posibles fases de actuación”, ha explicado Martín.
“También tenemos intención de cubrir con un porcentaje importante de subvención los proyectos, de manera que, si hasta el momento de la toma de decisión de rehabilitar la comunidad de propietarios no ha tenido ningún coste, tampoco la redacción del proyecto será un freno para ejecutar las actuaciones”, ha añadido el representante del Mitma.
El Gobierno también facilitará y activará los modelos que se produzcan “llave en mano” para facilitar la gestión en las comunidades de propietarios. Es decir, impulsará la actividad de cualquier empresa, profesional, entidad o gestor que pueda hacer toda la labor que está implícita en la rehabilitación, desde la elaboración de la documentación técnica, la solicitud de las ayudas hasta la obtención de la financiación.
Con ello, “pretendemos estimular el modelo de agente rehabilitador o gestor que se encargue de toda la documentación técnica y la financiación, de manera que, si así lo acuerda la comunidad de propietarios, sea la entidad la que gestione todas las ayudas”, en opinón del experto.
Por lo que respecta a la financiación privada, que será también necesaria para cubrir una parte de esas actuaciones, el gobierno busca potenciar la participación de las entidades para que estas puedan facilitar financiación en condiciones atractivas.
Según Martín, “existe voluntad por parte de los bancos, pero también estamos trabajando en la posibilidad de algún aval parcial al crédito a la rehabilitación”.
Una última medida, complementaria de las anteriores, anunciada por el ministerio, será el establecimiento de planes renove de determinados elementos constructivos, como puedan ser de carpinterías, pero también de fachada o cubierta, que pudieran gestionarse directamente por el fabricante o el instalador.
Estos incentivos a la actividad rehabilitadora integrarán el modelo de gestión de los fondos europeos que el ejecutivo está ultimando y que será gestionado, a excepción de la fiscalidad, por las comunidades autónomas. Será un modelo único en el que las bases reguladoras las establecerá el gobierno central, y que será común para todas las autonomías.
“En verano lanzaremos la regulación de todo este paquete, a través de un Real Decreto, para que durante el segundo semestre los fondos lleguen a los ciudadanos”, ha asegurado Francisco Javier Martín. “Hay muchas expectativas en que esta línea sea un buen sumidero de fondos. Ahora mismo se han asignado 6.820 millones, pero puede haber más. Si empiezan a fallar otras líneas, podrían llegar más fondos de los que les corresponden a España para la rehabilitación energética”, ha concluido.
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