Aún pocos usuarios de sistemas de climatización conocen que, desde la entrada en vigor del Real Decreto 115/2017, tienen una responsabilidad como compradores de equipos con gases fluoradosde efecto invernadero y una serie de obligaciones que, en caso de incumplimiento, podrían acarrear sanciones.
Este texto normativo establece que, en el caso de aparatos de aire acondicionado, equipos precargados de refrigeración y bombas de calor que no estén herméticamente sellados y que estén cargados con gases fluorados, solo podrán venderse al usuario final cuando se garantice que la instalación será realizada por una empresa habilitada, tal y como marca la reglamentación europea.
Aunque este requisito no es nuevo, era fácilmente evitable por la falta de mecanismos de control. Ahora, en cambio, se han incrementado y se exige a quien venda este tipo de aparatos que se asegure de que la instalación sea realizada por un instalador autorizado.
Este tipo de medidas y otras que apuestan claramente por los instaladores profesionales y contribuyen a luchar contra el intrusismo en las áreas del frío y la climatización se van incorporando poco a poco a la reglamentación con el objetivo de cuidar el medio ambiente, controlando las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero a la atmósfera procedentes de los equipos de aire acondicionado y refrigeración. Algo que manos inexpertas y sin la debida cualificación jamás podrán garantizar.
El cambio climático es un grave problema actual que requiere soluciones. De cara a los próximos años los sistemas de climatización van a tener que evolucionar hacia sistemas que no emitan CO2 o lo hagan a unos niveles bastante inferiores a los actuales. De hecho, la Unión Europea ya marca el camino en este sentido imponiendo obligaciones a los países miembros como la que acabamos de citar.
Todos –instaladores, usuarios, fabricantes, distribuidores y autoridades- nos enfrentamos al reto de alcanzar la sostenibilidad en climatización. Y para ello hay que promover medidas eficientes, buscar alternativas tecnológicas más sostenibles basadas por ejemplo en las energías renovables y apostar, claramente y sin ambigüedad, por los profesionales y las empresas habilitadas que pueden manipular con garantías los equipos y gestionar de forma adecuada los residuos: las empresas instaladoras habilitadas y los instaladores habilitados.
¿Y cómo diferenciar a aquellas empresas y aquellos profesionales habilitados de quienes no lo están? ¿Cómo puede el usuario saber si cumple o no con su obligación de acuerdo con Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero? Las asociaciones empresariales y gremios de instaladores tienen la clave.
En Valladolid la asociación de instaladores de referencia es AVAIN-INCAFO, integrada en Conaif y en Feincal, la federación de asociaciones de instaladores de Castilla y León. Sus instaladores asociados están amparados y representados también por ambas organizaciones empresariales (por Conaif) a nivel nacional y por (Feincal) a nivel autonómico.
En AVAIN-INCAFO cualquiera puede informarse de qué empresas instaladoras de Valladolid están asociadas y cuáles de ellas habilitadas para las distintas áreas de las instalaciones. De este modo se evitan posibles sanciones y se asegura recibir un servicio profesional, de calidad y con garantías por parte de empresas legalmente establecidas.
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